La Legislatura de Santa Cruz estudia por estos días la creación de “Fiscalías Ambientales”, que se constituirían en el marco de la Ley Orgánica de Ministerio Público de la provincia, y que estarían a cargo de un fiscal general ambiental y seis fiscales adjuntos, representando a cada uno de los departamentos en que se divide Santa Cruz.El proyecto ley, presentado por el diputado de Puerto Santa Cruz, Alejandro Victoria, establece que luego se delimitará la competencia territorial y ubicación de cada una de las fiscalías adjuntas ambientales.
Según la iniciativa, las fiscalías ambientales ejercerán sus atribuciones regidas por la Ley de Ministerio Público y por la legislación ambiental al respecto, tendrá como función esencial promover la investigación de los hechos de daños al ambiente y los derechos colectivos o difusos ambientales.
Los requisitos para ocupar los cargos serían los mismos que rigen actualmente para ser fiscales. Los fiscales ambientales deberán iniciar las acciones que procedan, ante las autoridades jurisdiccionales competentes, cuando conozcan de actos, hechos u omisiones que constituyen violaciones a la legislación ambiental, y coordinar tareas con distintas fuerzas policiales, para su esclarecimiento.
Asimismo, deberán ejercer todas las acciones y recursos previstos en la legislación ambiental ante los órganos judiciales correspondientes, a efectos de prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan causarse al ambiente, de conformidad con las disposiciones aplicables y mediante procedimiento que las leyes establezcan.
También el proyecto señala que se deberá facilitar a los fiscales ambientales un cuerpo interdisciplinario de peritos o expertos en las distintas temáticas que aborda lo ambiental. Dicho cuerpo le permitirá al fiscal producir, en tiempo y forma, la prueba necesaria en los distintos procesos en que se persiga la protección del ambiente. A tal fin, se podrían utilizar los distintos profesionales estables pertenecientes al Poder Judicial o designar los peritos o expertos que se requieran en cada caso particular.
El proyecto, que ya es analizado en las comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General, dispone que los fiscales podrán formular las denuncias o querellas ante la autoridad correspondiente por hechos u omisiones delictuosas que afecten al medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre, los recursos genéticos, las cuencas, los ecosistemas, bienes o derechos de valor artístico, histórico o paisajístico.
El proyecto del diputado por el pueblo de Puerto Santa Cruz es acompañado por sus pares del Bloque Justicialista Ana María Urricelqui, Néstor Méndez y Daniel Pandolfi.
Con respecto a los deberes de los fiscales ambientales, Victoria sostiene que estos tendrán que organizar estrategias para la prevención, la lucha y condena de los delitos ambientales; seleccionar y organizar la capacitación de los funcionarios y empleados disponiendo la realización de cursos específicos en derecho ambiental; establecer contacto directo con las víctimas de los hechos ambientales, y que se encuentren bajo la esfera de su jurisdicción, a efectos de informarles los avances de la investigaciones judiciales.
El legislador afirma que el objetivo de esta figura es ayudar al Poder Judicial de la provincia a “perseguir de manera más efectiva los delitos ambientales que afectan a cada una de nuestras comunidades, defendiendo los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que habitamos esta provincia a tener una vida sana y digna que se encuentre en plena armonía con la naturaleza, siendo el Estado quien garantice el ejercicio de esos derechos”.
En este sentido, el legislador del oficialismo remarca que “el derecho ambiental ha irrumpido en nuestra realidad como un verdadero vendaval, desde su inclusión en la Constitución Nacional en los artículos 41, 42 y 43 y posteriormente el artículo 73 de la Constitución Provincial le ha dado a este nuevo derecho.
En lo que respecta a nuestra provincia los nuevos desafíos que conlleva el desarrollo sustentable de recursos naturales, la inclusión de los sectores productivos en áreas antes impensadas como la minería de importante fuentes generadoras de riquezas”. Resalta además en su proyecto que la puesta en marcha de “una conducta responsable y un Estado preocupado, demanda efectuar la reforma procesal penal para materializar un cambio en el sistema de la persecución penal, cambiando el paradigma de investigación mixto con fuertes rasgos inquisitivo por el proceso acusatorio, que la investigación se traslade en cabeza de los fiscales con control de garantía por jueces así designados, incluyendo desde luego tal programa de política pública la Ley de Ministerios Públicos que garantice la independencia, autonomía y autarquía de dicho organismo, como elemento imprescindible de la libre y eficaz investigación y que contemple en verdadero rol que debe tener el fiscal ante la persecución penal, en dicho ámbito se ve como igualmente la creación de fiscalías especializada por la materia”.
Victoria destaca que países como Brasil, Venezuela, México, Honduras, Guatemala, Paraguay, Costa Rica, y España han dado pasos significativos en el tema al constituir Fiscalías Ambientales; existiendo consenso en su efectividad para ayudar a aplacar los delitos contra el ambiente y en la protección de los recursos naturales. En tanto en nuestro país, Río Negro, Salta y Neuquén tienen su propuesta de creación de esta figura y existe un proyecto similar en la provincia de Buenos Aires.
